Vista aérea de Bogotá. /Ángel Toledo

Colombia a futuro: retos del nuevo Congreso para los próximos años

El riesgo es que te quieras quedar”. Es el slogan de la campaña publicitaria gubernamental que invita a hacer turismo en Colombia. Tierra de café y banano; de diversidad cultural y biológica; de folklore y diversión, su empeño por abrirse al mundo y dar a conocer su lado más amable, atrae no solo a nuevos turistas sino a una valiosa inversión extranjera que impulsa su economía. En el último año, Colombia experimentó un crecimiento del PIB del 4,3% lo que, para muchos autores, convierte al país en una promesa latinoamericana que debe aprovechar las oportunidades presentes. Pero a pesar de sus buenos datos macroeconómicos, Colombia tiene un largo recorrido hacia la estabilidad política y el bienestar social. Si quiere formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como ya manifestó en 2013, debe implementar reformas estructurales de tipo político, social y económico. Las elecciones al Senado del pasado marzo y la cercanía de las elecciones presidenciales de mayo definirán la naturaleza de estas nuevas políticas públicas para los próximos cuatro años.

Postconflicto y Derechos Humanos en el punto de mira

El conflicto con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que dura ya 50 años seguirá ocupando un lugar muy importante en el desarrollo de políticas de Estado. De hecho, la posible reelección del actual presidente Juan Manual Santos viene en parte impulsada por la voluntad ciudadana de continuar con las negociaciones de ambas partes en La Habana y alcanzar la paz. Suponiendo que las actuales negociaciones de la guerrilla y el Gobierno avancen de manera fructífera, el Congreso deberá regular la implementación práctica de las políticas de paz incluyendo la restitución de tierras y el esclarecimiento de la verdad. La práctica política debe reformarse para garantizar la transparencia y el fin de la corrupción.

Así mismo, es imprescindible que desde el Congreso se vigile el respeto a los Derechos Humanos en todo el territorio y en especial en las regiones más apartadas en las que la presencia del Estado es mínima. Human Rights Watch ya advirtió a Colombia de que la comunidad afrodescendiente de la costa pacífica sufre un severo peligro de violación indiscriminada de Derecho Humanos.

Si Colombia desea presentarse ante la comunidad internacional como un país comprometido con la paz y la justicia, debe controlar esas situaciones y acatar los principios de la justicia internacional. El gobierno debe comprender que los acuerdos internacionales ratificados deben ser cumplidos sino se quiere dar una imagen de país fugitivo de la ley. En septiembre del pasado año, el presidente Juan Manuel Santos calificaba como inaplicable el fallo de La Haya que confirmaba la pérdida de territorio colombiano y la reconfiguración de fronteras como resultado del litigio con Nicaragua. Meses más tarde, en marzo de este mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que se suspendiera la destitución de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, inhabilitado por la Procuraduría General. Colombia desoyó las recomendaciones nacionales e internacionales y abandonó la audiencia con la CIDH.

Es imprescindible que desde el Congreso se vigile el respeto a los DDHH

Reforma social y política para alcanzar el verdadero desarrollo

Estrechamente relacionado con las negociaciones de paz y la implementación de un postconflicto exitoso surge el tema de la reforma agraria. Las dificultades en las que se encuentra este gremio, tan numeroso en Colombia, y el descontento provocado por las últimas implementaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Europa y EEUU, fuerzan al Congreso a buscar una solución consensuada. Los campesinos protestan en las calles por la desprotección de las pequeñas y medianas plantaciones que compiten con desventaja en el libre comercio impulsado a través de los TLC con potencias del Norte. Paralelamente, la Alianza del Pacífico, acuerdo de liberalización de aranceles firmado con Chile, Perú y México, puede abrir oportunidades de negocio y expansión pero debe tomarse con pies de plomo y proteger a la producción nacional.

Por otro lado, la desigualdad social que sufre Colombia, convierte en un asunto urgente la implementación de políticas sociales que busquen la equidad. Mientras que Bogotá ha tenido un Índice de Desarrollo Humano de 0,9, en departamentos como la Guajira o Quibdó apenas alcanzan un 0,7 según un informe del PNUD de 2011. A la disminución de esta brecha contribuirían iniciativas como la inversión en educación de calidad para todos, la reforma el sistema de salud y la implementación de un sistema tributario redistributivo.

Cumaribo, departamento de Vichada, en los días previos a las elecciones al Congreso./Ángel Toledo

Cumaribo, departamento de Vichada, en los días previos a las elecciones al Congreso./Ángel Toledo

Avanzar en temas pendientes: infraestructura y medio ambiente

En Colombia, muchos departamentos del país tienen carreteras altamente deterioradas y a varias localidades solo se puede acceder en avioneta o en lancha. La distancia entre las dos principales ciudades del país (Bogotá y Medellín) es de solo 446 kilómetros pero se tarda 10 horas en recorrerlos en autobús. Para el Banco Mundial, esto las malas infraestructuras influyen directamente en el desarrollo nacional pues, según un comunicado de 2004, “mejorar la infraestructura de los países en desarrollo se considera cada vez más importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Además, “la provisión de obras de infraestructura también tiene importantes vinculaciones con el crecimiento económico”. Basándose en estas afirmaciones, una mejora de las infraestructuras implementada en todas las regiones, traerá mayor desarrollo poco tiempo